El Parlamento Europeo aprobó el 22 de octubre una Resolución sobre el futuro de la educación en Europa en el contexto de la COVID-19[1]. La Unión Europea desempeña una función de apoyo y coordinación de la política de educación, que es competencia exclusiva de los Estados miembros.
Considera la Resolución que la pandemia ha causado una grave perturbación, quizá la más grande de la historia, en los sistemas de educación y formación del mundo. Según la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), el 94% del alumnado mundial se vio afectado por el cierre de instituciones de educación y formación. Por lo que afecta a la Unión, hasta el 32% se quedó sin acceso a la educación por varios meses.
Se ha producido un cambio al aprendizaje masivo en línea y a distancia que ha puesto de manifiesto las enormes carencias de las políticas de educación digital dentro de la Unión Europea, donde hasta el 43% de la población carece de capacidades digitales básicas. Sigue habiendo en Europa estudiantes sin acceso a la educación digital o con escasas capacidades digitales. Todo esto ha exacerbado las desigualdades ya existentes entre los Estados miembros y también dentro de ellos, donde se están viendo muy afectados quienes ya padecen desventajas sociales o económicas y dificultades de aprendizaje.
En la Resolución se celebra el esfuerzo realizado para la reanudación segura del aprendizaje presencial y las previsiones ante la posibilidad de un nuevo confinamiento. Hace más de un mes que iniciamos el curso en la Universidad de Sevilla y en la Facultad de Derecho los grupos están subdivididos, se turnan semanalmente para asistir presencialmente a las clases e impartimos docencia presencial y on line al mismo tiempo. De esta manera podemos pasar a una docencia exclusivamente virtual durante el tiempo que sea necesario, como parece que tendremos que hacer a partir del próximo martes 10 de noviembre.
El Parlamento Europeo considera que es el momento y la ocasión de replantear el futuro de la educación, trabajando por la inclusión y la igualdad de oportunidades de acceso y de calidad. Y en todo este contexto, en España, nuestro Parlamento tramita una nueva ley de enseñanza (¡y van…!) centrando el debate en cuestiones que no hacen sino dividir y restar fuerzas para el que debería ser el objetivo común. Todo esto por no hablar de las concesiones en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, que tanto están afectando a los pilares básicos del sistema. La educación no puede quedar para el final, es el punto de partida, una herramienta fundamental para el crecimiento en todos los sentidos. No podemos retroceder en el camino por una educación que prepare personas conscientes de la importancia de dar respuestas comunes a problemas globales compartidos.
[1] La Resolución completa puede leerse en el siguiente enlace:
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0282_ES.html
Ana Serrano, es Profesora de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla.
9 Nov 2020